Según el Ministerio del Interior, durante el año pasado hubo alrededor de 45.000 pisos ocupados en nuestro país. Por ello y tras su aprobación por la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados y su tramitación en el Senado, a principios de julio entró en vigor la conocida como “ley de desahucios exprés”. Esta permitirá agilizar los desalojos con plazos judiciales muy reducidos - en torno a cinco días, y sin necesidad de ofrecer alternativas a los okupas tras el desalojo de la vivienda.

¿En qué consiste esta ley?


Con la aprobación de esta  nueva legislación inmobiliaria, se busca agilizar los tiempos en cuanto al desalojo de inquilinos ilegales de cualquier vivienda. De esta forma, las sentencias judiciales contra los okupas deben resolverse en un máximo de veinte días.

Para demostrar que la vivienda es de su propiedad, la única vía posible es la presentación de las escrituras de la casa. Si los okupas no son capaces de mostrar ningún documento legal que acredite que la estancia en el inmueble es legal, las autoridades pueden proceder al desalojo en un máximo de cinco días.

Sin embargo, los llamados “desalojos exprés” no afectan a los okupas de cualquier propiedad. Solo podrán efectuarse cuando la vivienda pertenezca a ciudadanos particulares, entidades sociales o la administración pública. Por lo tanto, si el piso pertenece a un fondo de inversión o un banco, tendrá que recurrir a los procedimientos habituales, mucho más lentos y sin garantía de éxito.

 

¿A quién afecta realmente esta ley?


La nueva legislación tiene casi el mismo número de apoyos que de detractores. Los grupos conservadores del Parlamento apoyan la ley basándose en el amparo legal que brinda a los dueños de pisos ocupados, que pueden denunciar a sus inquilinos ilegales y recuperar su vivienda hasta cinco días después. Sin embargo, el sector crítico, en el que se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), defiende que de esta manera se deja en una situación de vulnerabilidad a personas en riesgo de exclusión social que tras el desalojo, se quedan sin un techo donde dormir.

A pesar de todo, el mes pasado la nueva ley salió adelante y muy pronto podremos ver sus consecuencias. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de viviendas ocupadas son propiedad de bancos, por lo que no se verán afectados por la legislación ya vigente.

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